Desde hace unos días he estado leyendo lo que (probablemente) sucederá en estos próximos días; el nuevo Órgano Constitucional Garante del Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos se ha visto envuelto en una serie de artículos, especulaciones y probables negociaciones políticas al interior del Senado.
Es difícil pensar que rotativos tanto renombre, como el economista, la jornada y algunos otros están soltando nombres de probables electos para ser los comisionados del nuevo Órgano Constitucional, aún cuando no se han cumplido los plazos previstos por el mismo Senado. O el comité técnico llamado por las Comisiones unidas del Senado no son discretos y filtraron sus preferencias, o ya se cocino desde antes, lo que nos llevaría a pensar que la transparencia, primer llamada en esta convocatoria, es la primer ausente en este ejercicio que se realizó hace unos días, en el que yo tuve la oportunidad y el honor de participar.
Lo realmente trascendente es, como lo dice el economista por medio de su columnista Alberto Aguirre, «Y lo que enseguida vendrá será una negociación cupular que excluirá criterios técnicos e intereses particulares de los “expertos” y la sociedad civil. Un burdo reparto de cuotas que concederá tres de los siete espacios disponibles a candidatos que seleccione el PRI, por dos del PAN y uno, respectivamente, del PRD y del PVEM. Ni más ni menos.».
Una de las cosas que he dicho, si quieren darle seriedad a esta elección, es hacer transparente cada paso, dado que por lo menos, esto es, mínimo debe de llegar uno de los cuatro ciudadanos que formamos parte en esta convocatoria, los demás seis lugares, inevitablemente, como lo leemos en el párrafo anterior, tres lugares se lo repartirán vilmente como lo hacen con las Instituciones Ciudadanas. Ya se me hacia difícil que soltaran este tipo de puestos a quienes nos dedicamos en estos temas sin tener intereses partidistas.
El mismo Alberto Aguirre, nos dice que es lo que realmente sucede «Dilatado y fútil, este procedimiento no garantiza una toma de decisión imparcial, pues el conflicto de intereses de la mayoría de los integrantes del comité técnico compromete la integridad del proceso y genera dudas razonables sobre la imparcialidad de los evaluadores. Más allá de ser juez y parte, lo que está en cuestión son los contratos y convenios entre entidades académicas y el IFAI, que se mantendrían si son electos unos aspirantes y otros, rechazados.», por lo que los intereses económicos, no se salvan de este probable juego sucio del nuevo IFAI.
Insisto, estas son especulaciones que he leído estos días, lo cual no abona confianza en los ciudadanos, al contrario, nos podría decir que el nuevo Órgano Constitucional Garante de la Transparencia en México, comienza con el pie izquierdo y deja a un lado la transparencia, para darle paso al favoritismo y al vil reparto partidista de cuotas, sólo esperemos, en estos días sabremos.