La historia es ésta: Syed Rizwan Farook, el asesino de San Bernardino junto a su esposa, Tashfeen Malik, mató a 14 personas en un centro de atención de discapacitados el 2 de diciembre del 2015.
El FBI quiere acceder a la información contenida en el iPhone de Farook, pero Apple se ha negado, por lo tanto el FBI acusa a Apple de obstruir la investigación sobre sus posibles con grupos radicales.
El pasado martes, un juez federal de Estados Unidos ordenó a Apple a ayudar al FBI para acceder al iPhone de Farook. Apple aún con la orden judicial se ha negado.
Esto, definitivamente presente y hace un precedente importante a nivel mundial en la garantía de protección de la información y los datos personales de los ciudadanos, no solo Norteamerticanos, sino de todo el mundo.
Cabe recordar que Apple y otras compañías siempre han colaborado con las autoridades para recuperar información que pudiese esclarecer casos de terrorismo, pero la petición en esta ocasión ha sido negada, porque Apple afirma que no solo es cuestión de esclarecer un caso en particular, sino que esto desataría una violación a sus facultades de colaborar dado que abriría una puerta sin regreso.
El pasado 16 de Febrero de 2016, Apple explicó las razones a través de su página web, entre las que destacan «En lugar de pedir una acción legislativa en el Congreso, el FBI está proponiendo un uso sin precedentes de la Ley […] para justificar una expansión de su autoridad.» y «No podemos encontrar ningún precedente de una compañía americana que se está obligada a exponer a sus clientes a un mayor riesgo de ataque. Durante años , los criptógrafos y los expertos en seguridad nacional han advertido contra el debilitamiento de cifrado. Si lo hacemos, sólo se haría daño a los bien intencionados y los ciudadanos respetuosos de la ley que confían en empresas como Apple para proteger sus datos.»
En pocas palabras, Apple teme que al abrirla puerta una sola vez se pierda la confianza impregnada en la empresa, no solo por sus accionistas sino lo más importante, los clientes que hacen de Apple una empresa exitosa y llena de fieles seguidores.
Implantar esta política dañaría a la empresa en la confianza de sus accionistas, sus clientes y por supuesto impactaría de lleno en las acciones de la misma, lo que haría desplomarse esta empresa a costa de una oficina Gubernamental empecinada en deemostrar autoridad ante los ciudadanos de un país.
Otras empresas de tecnología también levantaron la voz, Pichai CEO de Google afirmaba que pedir a las compañías que hagan posible el ‘hackeo’ de los dispositivos es “un terrible precedente”. El cofundador de Whatsapp, Jan Koum, también expresó su apoyo a la decisión de Apple a través de su perfil en Facebook.
Por su parte, Edward Snowden, habla del asunto en Twitter como «el caso tecnológico más importante en una década» y menciona que «la petición del FBI crea un mundo en el que la gente tiene que confiar en Apple para ver protegidos sus derechos y no al revés».
¿Que sigue ahora? El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. tiene previsto discutir este tema el próximo 1 de marzo, y ha invitado a Apple para que dé su punto de vista.
Judicialmente, Apple tiene algunos días para responder oficialmente a la orden de la jueza Sheri Pym, del Tribunal de Distrito de Los Ángeles. Lo más probabeles que desde el putno de vista legal, se reafirme la negativa.
Esto haría que el caso pasara a una corte superior, después a una corte de apelaciones y para finalizar que arribase al Tribunal Supremo que tomaría una decisión final, algo que podría llevar años.
Opino, es una decisión acertada por parte de Apple, aún más cuando los gobiernos piden acceso a todos los datos de los ciudadanos, vulnerando nuestra privacidad como si se tratase de datos propios. En México ya tenemos unos articulos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que permite el Proveedor de Internet dar datos como geolocalización y datos existentes en un contrato para el combate a la delincuencia, todo con aorden judicial, pero no es permitido en ningún caso vulnerar la confidencialidad de un aparato computacional para violar la garantía del habeas data consagrado en nuestra constitución.