Dejémonos de juegos de tecnología tanto en la Iniciativa Privada como en la Administración Pública, la ciberseguridad es necesaria en estos dos ámbitos en nuestro país y los encargados de administrarlos no están focalizando sus esfuerzos en ello.
Me refiero a que se debe de llegar a tener una estrategia de seguridad informática nivel Zero Trust, para garantizar que los usuarios, las empresas y por supuesto la administración pública se encuentren realmente blindados en contra de ataques, eso es un sueño por ahora, que no estamos en condiciones de lograr, pero como todo, se tiene que comenzar por algo.
Seamos realistas en el aspecto de la adquisición de nueva y actualizada tecnología, tenemos sistemas operativos que evolucionan y en consecuencia piden más recursos informáticos a las diferentes tecnologías que se encuentran tanto en las empresas, como en la administración pública, pero también existen la misma o más cantidad de vulnerabilidades en estas nuevas tecnologías, que los atacantes diseñan nuevas estrategias, quizá más avanzadas o herramientas dispuestas a poner a prueba estas adquisiciones.
Recordemos que existen 11 iniciativas de Ley presentadas en la Legislatura pasada del Congreso de la Unión, entre las que destaca la del senador Miguel Ángel Mancera, del Grupo Parlamentario del PRD, que reforma el Código Penal Federal, también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional y expide la Ley General de Ciberseguridad, en la cual se establecerían las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la ciberseguridad en las instituciones del Estado y de la sociedad.
El 6 de abril de 2020, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath del Grupo Parlamentario de Morena, habló que se requiere una Ley General de Ciberseguridad y también regular la organización de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
La también Morenista, Lidia García, ha propuesto crear la (tan necesitada) Fiscalía Especializada en materia de ciberseguridad, dependiente de la Fiscalía General de la República, pero hasta son eso, solo iniciativas que no siguen caminando para dar luz a las garantías de seguridad informática en la Materia.
Considero, como profesional en la materia y abogado, que se eleve a rango Constitucional la Seguridad Informática de los ciudadanos, como un derecho que garantice el Estado Mexicano a través de las diferentes iniciativas que den luz a la tan necesitada Ley General de Ciberseguridad o Ley General de Seguridad Informática.
Aunado a todo esto en materia política, es verdad que la seguridad informática es un reto que también la iniciativa privada debe de tomar en serio, porque las políticas públicas pueden estar a la orden del día, pero si las empresas privadas no toman cartas en el asunto seguirá impactando en materia económica y no solo ese será el impacto, sino la pérdida de confianza de sus clientes actuales y de los posibles consumidores es latente, por lo que hay que poner cartas en el asunto cuanto antes.
La tecnología llegó para ayudar a automatizar constantemente los procesos de las empresa y de la administración pública, pero estos deben de tomar en serio los posibles ataques por las vulnerabilidades en las diferentes tecnologías implantadas o en la falta de ellas, por lo que el profesional en ciberseguridad tiene la gran oportunidad de demostrar en América Latina que es útil cuando más se nos necesita, y vaya que ahora ya somos muchos.