Realizar una conexión en el impacto de una política pública con los estudios sobre el Estado en el que ha de aplicarse, permite que los procesos de producción, implementación y evaluación de las políticas tengan un referente único y concreto: la acción gubernativa. Delimitar los procesos de estructuración de las políticas al terreno del gobierno, no sólo permite especificar el sentido, alcance y naturaleza de las políticas públicas, sino también diferenciar los campos de relación orgánica entre el Estado y la Sociedad que se pueden potenciar desde las políticas públicas, nos dice Pedro Medellín (2004), en su investigación «La política de las políticas públicas».
El periódico El Informador de este día escribe en primera plana, en respuesta a una solicitud de transparencia al Gobierno de Jalisco, que la Coordinación Estatal de Gestión del Territorio, ha realizado 18 transferencias bancarias desde noviembre del 2020 al Fondo Ambiental de Jalisco, pero también a la empresa Worldwide Environmental Products, que fue la encargada de proveer el software y la tecnología usada en el nuevo esquema de verificación vehicular en Jalisco.
Analizando esto, existen muchas dudas, el hecho que se realicen este tipo de transferencias a los involucrados en este programa, que son la empresa mencionada, el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Fondo Ambiental Jalisco y los dueños de lo verificentros que atienden a los Jaliscienses no es del todo incorrecto; las dudas radican en que no se dijo cuánto es lo que se le ha transferido a los dueños de los verificentros, pero si que al Fondo Ambiental Jalisco la cantidad de 21.9 MDP y al proveedor del Software y tecnología para este propósito, la cantidad de 84.5 MDP, cuando según lo que se pactó fue que a la empresa proveedora se le daría el 32.48%, a los dueños de los centros de verificación el 46.4% y para el Fondo Ambiental Jalisco sería el restante, esto es, el 21.12% de los $500.00 que cuesta al ciudadano la verificación, según la nota de El Informador.
Marco Ross (2020) nos dice en su investigación «Tecnologías para la mejora de la transparencia», que conocemos las tecnologías, y que no son un campo nuevo, pero que «… no sabemos cómo funcionan estas en otros campos, o incluso como se han tornado en herramientas para la transparencia.» argumentando que un software o un programa como el que se aplica en el programa de verificación, puede ser vendido a miles de millones de pesos, porque realmente no se sabe el valor real en el mercado y puede ser ese el problema por el que se paga una millonada por sistemas tan simples.
Se entiende pues que la estructuración de una política pública, debe ser el producto de un proceso político, donde van a surgir los proyectos y los intereses de los involucrados, de las instituciones involucradas y por supuesto de los discursos para imponer un proyecto ideológico y político en la sociedad de cara a los gobernados (Medellín, 2004). Pero en este caso el proyecto no parece tener ni pies ni cabeza y las voces en torno a este proyecto dicen que es solamente recaudatorio, aun cuando el Gobierno del Estado sigue negándolo, pero la nota periodística arriba mencionada lo confirma, es un negocio que solo está llenando de dinero las arcas del proveedor del software y la tecnología de este programa.
Es una política pública tambaleante, dado que no ha funcionado de manera correcta el programa de verificación vehicular, que se llegará el mes de julio del 2022 y no se impondrán las tan anunciadas multas al ciudadano que no ha cumplido con esta encomienda legal. ¿Hasta cuando este Gobierno entenderá que para realizar una política pública de esta envergadura, se requiere de estudios que permitan que los procesos de producción, implementación y evaluación de las políticas tengan como centro de atención al ciudadano y su medio ambiente?